La lucha por la amnistía durante la transición

Juan Manuel Olarieta, 31 de octubre de 2014

En su obra “No les bastó Gernika" una de las asociaciones de la memoria histórica, la fundación Euskal Memoria, dice que Aldanondo fue el último preso político vasco de la transición y que “sólo durante dos semanas no ha habido vascos presos por motivos políticos”.

Es falso. Desde 1939 no ha habido ni un sólo día sin presos políticos. Lo que ocurre es que no eran independentistas. Por lo tanto, parece que tampoco eran vascos. Quizá ni siquiera los consideran presos políticos. En fin, es otro lamentable caso de desmemoria por parte de quienes se han impuesto a sí mismos la tarea de memorizar. Una verdadera vergüenza.

Veamos lo que me dice mi propia memoria.

Cuando en julio de 1976 Suárez llegó a la Presidencia del Gobierno lo primero que se encontró fue la convocatoria de una Semana Pro-Amnistía que concluyó con una manifestación de un alcance entonces nunca visto: 100.000 personas en Bilbao. Al día siguiente otra manifestación en Santurce (Vizcaya) concluyó con el asesinato de Begoña “Normi" Mentxaka por un grupo de guardias civiles que actuaron de paisano.

Muy poco después, el 18 de julio, una fecha llena de símbolos, los GRAPO desencadenaron una de las acciones guerrilleras más vastas de la historia reciente: más de 40 explosiones simultáneas en diferentes puntos de España dirigidas contra monumentos fascistas para denunciar la continuidad del régimen, lo cual introdujo un cambio en la dinámica entre el fascismo y su “oposición" domesticada: los primeros no tomaron la iniciativa sino que fue esa “oposición" quien exigió al gobierno “firmeza" en la caza implacable de los “terroristas”. Hubo decenas de detenidos y torturados.

Con la complicidad de los domesticados, la prensa fascista, especialmente la revista Cambio 16, inició entonces una campaña de intoxicación propagandística contra la guerrilla, de un alcance también inusitado. “Bombas contra la amnistía”, titularon y no pasaron dos días cuando el gobierno se vio obligado a publicar un decreto de amnistía, que fue seguido de más bombas por parte de los GRAPO para dejar claro que los detenidos nada tenían que ver con su organización.

Entonces quedaron dentro unos 180 presos antifascistas que, como decía el gobierno, marcaban el límite al que podía llegar la amnistía. Ya no quedaban presos realmente políticos dentro sino sólo los que tenían “delitos de sangre”. Al unísono la prensa y la oposición reformista comenzaron una campaña para reconvertir a los antifascistas en terroristas. De esa manera lo que hasta entonces había aparecido como formando un frente contra el fascismo, se escindió. Una parte cambió de bando, pero no fueron los fascistas, sino los vendidos reformistas, verdaderos traidores a la causa que hasta entonces habían dicho defender.

Aquel verano en todos los pueblos de Euskal Herria y en todas las fiestas estuvo presente la amnistía en conciertos, murales, pancartas, pegatinas y manifestaciones. Por ejemplo, en Durango (Vizcaya) mientras el ayuntamiento estaba reunido, una manifestación rodeó el edificio y obligó a cambiar el orden del día del pleno municipal: el primer punto a tratar debía ser la liberación de los presos políticos de la localidad. El ayuntamiento no sólo se vio obligado a tratar el asunto sino que aprobó elevar una petición al gobierno favorable a la amnistía. Lo mismo sucedió en muchos otros pueblos.

El 8 de setiembre cayó asesinado J.M.Zabala en una manifestación pro-amnistía en Fuenterrabía (Guipúzcoa), lo que no intimidó al movimiento, sino todo lo contrario, lo estimuló poderosamente, un proceso que culminó el día 27 con una huelga general por la amnistía, coincidiendo con el primer aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. Además de los paros, hubo manifestaciones y enfrentamientos en las calles.

Aquel movimiento de masas estaba inseparablemente unido a la lucha guerrillera. El 4 de octubre ETA ejecutó en San Sebastián al presidente de la Diputación, el viejo fascista Araluce, y a sus cuatro guardaespaldas. En un comunicado publicado dos días más tarde ETA decía: “Suárez no sólo no concedió la amnistía total sino que además empeoraron las condiciones en las cárceles y ahogó en sangre toda manifestación popular en defensa, bien de aquella o de otras reivindicaciones populares”.

Más adelante, refiriéndose a las condenas a la lucha armada por los renegados reformistas, decía que estos habían abandonado la lucha, poniendo “todas sus esperanzas en la voluntad del enemigo. Nosotros sabemos que la voluntad del Estado español no es conceder la libertad de nuestro pueblo, que sólo lo lograremos luchando hasta imponerla como una única solución política viable”.

En las semanas siguientes volvió a quedar clara la estrecha unidad entre el movimiento de masas y la lucha armada guerrillera, que los reformistas empezaban a condenar como “terrorismo individual”. Varios días antes de la primera mascarada electoral del régimen, el referéndum del 15 de diciembre, los GRAPO volaron varios repetidores de televisión, seguidas de otras tantas voladuras el día 16 por parte de ETA. Al mismo tiempo las manifestaciones pro-amnistía crecían y se radicalizan cada día bajo un lema que se repetiría en años sucesivos: “Para Navidades todos a casa”. En una de estas manifestaciones, cayó asesinado R.Recarte en Pamplona.

Cuatro días antes del referéndum se inició la acción guerrillera más importante de la historia de la resistencia antifascista: el secuestro de Oriol, presidente del Consejo de Estado, por los GRAPO, exigiendo la liberación de 15 presos políticos pertenecientes a distintas organizaciones antifascistas o la promesa pública por parte del gobierno de una próxima amnistía.

La espectacular acción relanzó una segunda campaña de guerra sicológica contra los GRAPO, aún más intensa que la anterior. El titular de la prensa fascista fue el mismo: “Un secuestro contra la amnistía”. La prensa aseguraba que el gobierno estaba discutiendo un nuevo decreto de ampliación de la amnistía y que el secuestro impedía su aprobación. La culpa de que no se hubiera promulgado la amnistía no era del gobierno fascista sino de los GRAPO. Hasta entonces la prensa nunca había tenido ese papel estelar. Fue la transición la que aupó a ambos, la oposición y la prensa, que desde entonces quedaron marcados por las mismas señas de identidad: el fraude, la intoxicación, la mentira y el engaño.

Naturalmente que los titulares de los periódicos eran falsos: el día anterior al secuestro el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, había dicho en unas declaraciones públicas: “Hoy por hoy no hay nada. Los límites con que se dio la amnistía son amplios [...] Se ha discutido mucho si la aplicación se hacía bien o mal. Y diría que se ha hecho, en términos generales, bien. El límite final de los delitos de sangre es un límite sustantivo. En resumen, no estoy preparando ningún otro decreto-ley sobre amnistía”.

En una carta escrita durante su cautividad el propio Oriol reconocía que su secuestro había servido como aldabonazo para relanzar la lucha por la amnistía.

El operativo, denominado por los GRAPO como “Operación Cromo”, se complementó días después con el secuestro del general Villaescusa, general del Consejo Supremo de Justicia Militar. Las exigencias son las mismas: liberación de los presos políticos.

A lo largo de su historia el régimen fascista nunca se había visto en una situación similar de humillación ante un movimiento popular. El gobierno empezó a actuar a la desesperada. Ante la imposibilidad de rescatar a los secuestrados lo intenta todo, e incluso algo a lo que no estaba habituado hasta entonces: a negociar con auténticas organizaciones antifascistas. Lo hace en secreto. A París envía a intermediarios para que hablen con los GRAPO y, al tiempo abre conversaciones con ETA a través del periodista Jose María Portell, director de la Hoja del Lunes de Bilbao, con quien se pone en contacto para que, en palabras del periodista, “lance el rumor en los periódicos” de que está muy cercano un nuevo decreto de amnistía. Trata de ganar tiempo y manipula a la prensa para que lance habladurías.

En aquella época las chapuceras maniobras del régimen confundían a muy pocos, por lo que el movimiento crecía a cada paso. El mismo día del referéndum para la reforma del fascismo, cayó asesinado Ángel Almazán, pero los cronistas sólo se acuerdan de las votaciones y no mencionan para nada el asesinato. El 10 de enero el Socorro Rojo, los GRAPO, el PCE(r) y otras organizaciones convocaron otra huelga general por la amnistía, en la que se produjo otro asesinato, el de Jose Manuel Iglesias en Sestao (Vizcaya). Poco después en Madrid murieron asesinados Arturo Ruiz y Mari Luz Nájera en otras tantas manifestaciones por la amnistía, en una semana que culminó con más asesinatos múltiples, los del despacho laboralista de Atocha, también en Madrid.

Poco después de aquello, tras dos meses de secuestro, la policía logró rescatar a Oriol y Villaescusa, lo que tampoco logró desmoralizar al movimiento de masas, que un mes después convocó una nueva semana pro-amnistía entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, que a pesar de la brutalidad con la que se reprimieron las movilizaciones, no produjo víctimas mortales.

La lucha no fue en vano: tras la campaña de movilizaciones se promulgaron otros decretos el 14 de marzo (Real Decreto-ley 19/77 y Real Decreto 388/1977) que dejaron las cárceles franquistas con sólo 27 presos antifascistas. Hasta el mismo Portell tuvo que reconocer lo siguiente:

“El proceso de la amnistía -aunque gota a gota- demostraba que el gobierno Suárez cedía paso a paso. Si hacemos un análisis vemos cómo los indultos, las medidas de gracia y las aplicaciones de la 'amnistía ampliada' han ido llegando jalonadas -antes y después- por la presión violenta de ETA, o a base de golpear con manifestaciones públicas masivas. A la vista de los hechos, es un error pensar que el proceso de la amnistía se ha alargado por culpa de la violencia. En cierto modo la amnistía ha sido un triunfo de la violencia armada o callejera porque el gobierno no ha sabido sacar a todos los presos a la calle a tiempo. Nunca ha llevado la iniciativa. Le ha faltado previsión política”.

Tras lograr el rescate de Oriol y Villaescusa, el régimen empezó a recobrar aliento, rompió las negociaciones que mantenía con ETA (político-militar) y volvió a lo mejor que sabía hacer: el 8 de marzo asesinó a dos de sus sus militantes en una encerrona en Itxaso (Vizcaya) en la que detuvo a Aldanondo.

Por su parte, ETA(m) respondió a las ofertas de negociación con una declaración en que afirmaba que “la amnistía no tiene que ser el fruto de una negociación. La amnistía, tarde temprano, llegará arrancada por el pueblo... ETA no es nadie para marginar al pueblo en la lucha que está protagonizando. Además, el problema vasco no es sólo el de la amnistía. Lo configuran otras cuestiones”.

En su respuesta a las organizaciones armadas vascas, que se conoce por el libro que Portell escribió sobre la amnistía, el gobierno prometió que “si se establecen unas bases serias de entendimiento, con garantías, no hay inconveniente en abordar otras cuestiones dentro de un plan conjunto sobre la problemática vasca. En el próximo consejo de ministros no se va a decretar ninguna amnistía total. Y se equivocan los que afirman que antes del Aberri Eguna [10 de abril] todos los presos saldrán a la calle. El próximo Consejo de Ministros abrirá un proceso para llegar a la amnistía total, que irá paso a paso... [A ETA] Les conviene pensar que mediante la negociación se llega a la amnistía total y a la tolerancia de la política de KAS”.

Es otra prueba de que tras el rescate de Oriol y Villaescusa los fascistas volvían a sentirse fuertes y se permitían lanzar amenazas. Pero la posición intransigente de Suárez no duró mucho. Desde la cárcel uno de los presos políticos, “Wilson” Pérez Beotegi, miembro de ETA, anunció que se ponían en huelga de hambre:

“Estamos en huelga de hambre, primero en solidaridad con la lucha que lleva nuestro pueblo y también para hacer un llamamiento a todos los revolucionarios para que continúen en la lucha hasta conseguir la amnistía total y todas las libertades para nuestro pueblo.

“Nosotros entendemos por amnistía la anulación de todos los sumarios que hay contra nosotros y el restablecimiento de todas las garantías y derechos jurídicos que tenemos. Somos luchadores antifranquistas en contra del fascismo y no se trata de que nos den un indulto o una gracia sino de que se reconozca el derecho que tienen los pueblos oprimidos por su libertad. Una amnistía total y real en Euskadi no significa que salgan los presos de la cárcel, sino que significa un cambio político, un cambio de estructuras y un respeto a los derechos humanos y a los derechos de nuestro pueblo. Vemos hoy en día, y nos parece que no tienen sentido, que mientras por una parte los presos están saliendo de la cárcel, continúa la represión, los encarcelamientos y la actuación de la policía ante las más pequeñas manifestaciones o peticiones del pueblo en petición de libertad y derechos. Esto realmente no es amnistía, esto es un fascismo con otra cara y mientras continúa esta situación, en Euskadi no se podrá hablar de paz, ni de concordia, ni de democracia”.

Al mismo tiempo otro dirigente de ETA(p-m), Múgica Arregi, “Ezkerra”, redactó otra larga carta en la que, entre otras cosas, decía que “en una situación democrática ningún gobierno puede tener un preso antifascista”.

Las medidas de Suárez no convencieron a nadie y no sólo no frenaron las movilizaciones sino que las multiplicaron. En una de ellas cayó asesinado en San Sebastián J.L.Aristizábal Lasa y pocos días más tarde, el 15 de abril, en la misma capital, también cayó otro manifestante Isidro Susperregi, militante de ANV.

En mayo las Gestoras Pro-Amnistía convocaron una nueva semana de lucha en la que cayeron asesinados nada menos que siete manifestantes: Rafael Gómez Jáuregui, G.Marichalar, Clemente Caño Ibáñez, L.Santamaría, Francisco Javier Fernández Núñez, M.Fuentes Mesa y J.L.Cano Pérez. El alcalde de Andoain, testigo del asesinato de este último, relató así lo sucedido: “Jose Luis huía de la Policía Armada que le había visto tirar una piedra en la manifestación de Pamplona; le persiguieron y le alcanzaron cuando iba a entrar en un bar; le aporrearon todo lo que quisieron y más... patadas, insultos y uno, en el momento en el que el muchacho se inclinaba a consecuencia de los golpes, le dio con la pistola en la cabeza. Con tan mala fortuna -dijo el alcalde- que disparó o le disparó. El muchacho cayó. Continuaron pisoteándole en la cabeza, en los testículos, en todo”. El alcalde siguió narrando cómo se dirigió personalmente a aquellos criminales uniformados para que dejaran de pegarle, que respondieron pegándole a él a su vez.

El balance de heridos en las manifestaciones fue superior a los 300, muchos de ellos gravísimos y otros con secuelas y mutilaciones físicas para toda la vida.

La situación era tan tensa que los gobernadores civiles, antiguos delegados del gobierno, prohibieron el Aberri Eguna y, presos del pánico ante el nivel alcanzado por las movilizaciones populares, los oportunistas lo desconvocaron, a pesar de lo cual se celebró.

En este contexto el fascismo tuvo que legalizar al PCE en el mes de abril para poder utilizarlo para desmovilizar a las masas e intentar embaucarlas poco después, el 15 de junio, con las primera elecciones fascistas, que no sólo se celebraron bajo un estado de excepción, con una tercera parte de los partidos políticos sin legalizar, sino con presos políticos dentro de las cárceles. A eso le llamaron luego “elecciones libres”.

Para que los domesticados tuvieran algo que llevarse a la boca, Suárez les prometió que después de las elecciones saldrían todos los presos políticos. Era la única manera de calmar los ánimos.

Pero la calma fue sólo uno de los recursos del fascismo. El otro fue la división y el enfrentamiento del movimiento antifascista. A partir de entonces la ruptura se ensanchó, alcanzando también a Euskal Herria. A pesar del compromiso existente de que no concurrir a las elecciones mientras hubiera un solo preso antifascista en las cárceles, algunos traicionaron y se presentaron, fundamentalmente PNV y EIA, bajo la marca de Euskadiko Ezkerra, mientras ETA(m), EHAS y LAIA se opusieron, llamando al boicot.

Pero los oportunistas no sólo traicionaron, no sólo abandonaron la lucha sino que se pasaron al bando contrario. No sólo abandonaron las organizaciones de solidaridad con los presos políticos, sino que trataron de disolverlas, de que desaparecieran para siempre. Organizaciones como Comisiones Obreras no sólo dejaron de convocar las luchas por la amnistía sino que desconvocaron las movilizaciones expresamente.

Al final de la semana de lucha por la liberación de los presos políticos, el 20 de mayo, los bereziak (comandos especiales) de ETA (p-m) secuestraron a Javier de Ybarra y Bergé. Como consecuencia de la traición de ETA (p-m), los referidos comandos se habían separado de la organización y continuaban la lucha. El mismo día el gobierno tuvo que aprobar otra ampliación del indulto, que supuso el extrañamiento de seis de los condenados a muerte en el juicio de Burgos, a los que quisieron mantener fuera de España.

Finalmente, el 15 de octubre el gobierno aprobó la Ley 46/1977 que sacaba a otros 89 presos políticos más, lo cual no es ninguna paradoja sino un indicativo de lo que fue la esencia misma de la lucha por la amnistía en aquella época: de marzo a octubre de 1977 el número de presos políticos se había triplicado. A pesar de las medidas de “ampliación de la amnistía" al final había más presos que al principio.

¿Cómo fue posible eso? Por lo que los presos políticos estaban diciendo entonces: porque el régimen fascista continuaba y esa continuación generaba más luchas y, por lo tanto, más presos. Es, pues, falso, afirmar que en la transición hubo siquiera un día sin presos políticos. Ni siquiera se redujo su número.

El símbolo mismo de esa situación paradójica fue que justo en el preciso momento en el que se dictó la última amnistía, mientras unos presos salían por una puerta, por la otra entraban los miembros del Comité Central del PCE(r) que acababan de ser detenidos en una reunión en Benidorm.

Otro símbolo de la transición y de la lucha por la amnistía fue el siguiente: salieron todos los presos antifascistas excepto los del PCE(r) y los GRAPO, ente los que -por cierto- había varios vascos. Pero explicar los motivos por los cuales la lucha acabó -y empezó a partir de entonces- de esa manera necesita otro artículo, que es el que estamos escribiendo ahora mismito.

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